Desde las 11, Plaza Mansilla comenzó a mostrar la escenografía propia de todo acto gremial: un palco frente a Casa de Gobierno y un gran inflable de la Unión Obrara de la Construcción de la República Argentina (Uocra), puesto junto al busto de Eva Duarte, sobre calle Santa Fe. El sol ardía y los primeros militantes se animaron a los cánticos en medio de la plaza: a un costado, sobre Córdoba, aguardó un grupo de afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Ya sobre las 12 el sitio se pobló por completo, con banderas variopintas y cartelería con demandas de todo tipo: la Uocra instaló dos enormes camiones frente a Tribunales, con sus clásicas banderas de color verde intenso, y las pecheras y los carteles identificaban a los docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), los teatristas, los músicos, los trabajadores de Parques Nacionales, la Izquierda, los profesores universitarios, los movimientos sociales, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), el Polo Obrero, Barrios de Pie.
Los últimos en llegar a Plaza Mansilla, pasadas las 12,40, fueron los bancarios que se acercaron ya cuando promediaba la lectura del documento final.
En el acto, masivo -hubo claros en la Plaza porque la gente se guareció en los lugares con sombra por el intenso calor de mediodía- se leyó un documento unificado de las distintas organizaciones convocantes: e, redactado en el seno de la Multisectorial junto a las siete regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Allí se denuncia «las políticas del presidente Javier Milei, establecidas en el DNU 70/23 y en el proyecto de Ley Ómnibus. Más que un llamado a la lucha, este acto es un firme grito de indignación contra un gobierno que muestra una total falta de respeto hacia el pueblo y sus derechos fundamentales» .
«Tanto el DNU 70/23 y como el proyecto de Ley Ómnibus significan un verdadero golpe institucional que se suma a la brutal política de ajuste, desocupación y entrega de la soberanía nacional. No es con medidas contra los trabajadores y las trabajadoras, ni contra los pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo que se resolverán las urgencias del país. Tampoco con recetas neoliberales como la eliminación de los subsidios al transporte público, la desregulación de alquileres y la eliminación de los controles de precios del combustible, energía y alimentos. Recetas ya conocidas que representan un golpe a los ingresos populares y que provocan una inflación feroz», plantea.
«Rechazamos de forma enérgica estas medidas económicas que están conduciendo a la pérdida de empleos y a la disminución sistemática de salarios causada por una enorme devaluación de nuestra moneda y un aumento indiscriminado en los precios de bienes y servicios», señala el documento. «A su vez -agrega-, el proyecto de Ley Ómnibus representa un verdadero atentado a la Constitución Nacional y al estado republicano debido a que concentra los poderes legislativos en las manos del Ejecutivo Nacional por dos años, con prórroga a dos años más. Esto puede significar una paralización del Congreso por todo el mandato, al tiempo que da vía libre al presidente para legislar y ejecutar sus políticas».
En otro orden, denunciaron «el DNU, creado por una élite que privilegia sus intereses por encima del bienestar del pueblo. Esto constituye un ataque directo a los principios democráticos y constitucionales. Al mismo tiempo señalamos que el Decreto, hoy en función hasta que el Congreso lo rechace, significa una transferencia feroz del pueblo hacia un puñado de grandes empresarios, terratenientes y grupos económicos concentrados, muchos extranjeros».
Fuente: ER Ahora y Agencias
