El rol del Congreso de la Nación en la lucha contra la contaminación plástica

La creciente generación de residuos plásticos viene ocupando un lugar cada vez más preponderante en la agenda de gobiernos, organismos internacionales y espacios multilaterales debido a los impactos negativos que éstos generan en la salud, la biodiversidad, los ecosistemas, el clima y actividades económicas, expresó el Circulo de Políticas Ambientales en un informe al que accedió AIM.

Según el informe al que accedió AIM, desde hace ya algunos años, la creciente emisión de residuos plásticos al ambiente viene ocupando un lugar preponderante en la agenda de gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y espacios multilaterales debido a los impactos negativos que genera, no sólo en la biodiversidad sino, además, en la salud humana y en el clima.

El vertido de desechos plásticos a los mares, por ejemplo, es hoy uno de los problemas ambientales que más atención recibe, debido a la elocuencia de las imágenes y de las cifras que circulan. De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la Universidad de Estocolmo, la contaminación por plásticos y productos químicos supera el límite de seguridad del planeta. Y se espera que la producción y el consumo global de lo que se denominan entidades novedosas, es decir, aquellos elementos u organismos modificados por los humanos, así como sustancias enteramente nuevas que van desde materiales radiactivos hasta microplásticos, continúe creciendo.

En el caso del plástico, se calcula que la masa total de este material en el planeta es hoy más del doble de la masa de todos los mamíferos vivos, y que aproximadamente el 80 por ciento de todos los plásticos producidos permanecen en el ambiente.

El crecimiento exponencial de la producción y el consumo de materiales y productos plásticos, centralmente desde la década de los ’70; la efímera vida útil de los productos; un deficiente tratamiento de los residuos una vez que estos elementos son descartados; y la larga durabilidad del material han llevado a una acumulación alarmante de plásticos en diferentes ecosistemas alrededor del mundo.

Los plásticos contienen más de 10.000 productos químicos distintos, por lo que su degradación ambiental crea nuevas combinaciones de materiales y peligros ambientales sin precedentes. Debido a que la producción de plásticos aumentará, las predicciones indican que la liberación de contaminación plástica al ambiente también crecerá, a pesar de los enormes esfuerzos en muchos países para reducir los desechos.

Por otro lado, durante toda la cadena de valor del plástico (extracción de materia prima, refinamiento, distribución y disposición final) se emiten gases que contribuyen al cambio climático. La industria del plástico, en su conjunto, depende en gran medida del petróleo y del gas, que constituyen más del 90 por ciento de su materia prima. Para los envases de plástico este número es aún mayor, ya que el reciclaje de plásticos en aplicaciones de envasado es limitado.

De acuerdo al estudio “The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade”, ocho millones de toneladas de residuos de plástico deberán buscar otro destino a causa de la nueva política del país asiático. La acción de China ha tenido múltiples derivaciones, desde la (re)habilitación de la disposición final de residuos reciclables hasta la búsqueda de otros países para su recepción; pero también la reestructuración de los sistemas de gestión hasta ahora vigentes, el surgimiento de nuevas normativas locales, y el avance de negociaciones internacionales para alcanzar un acuerdo global contra la contaminación plástica.

Por otro lado, dejó en claro que la reciclabilidad de un producto no recae únicamente en las cualidades del material sino, además, en la factibilidad y eficiencia que el sistema de gestión brinde para su recuperación y real reciclado. Si bien la realidad es diferente en cada país, lo cierto es que, a nivel global el reciclado del plástico continúa siendo muy bajo y que solo en los últimos años la mayoría de los gobiernos ha puesto atención en el problema.

En este marco, han surgido recientemente nuevos esquemas de gestión posconsumo y normativa actualizada con la intención ya no sólo de reciclar los residuos plásticos sino, además, de hacer foco centralmente en la minimización en el origen, lo que incluye mejorar el diseño y prohibir o sustituir materiales y/o productos químicos. Paralelamente, se han iniciado las negociaciones internacionales por un acuerdo global contra la contaminación plástica; y la agenda de químicos, plásticos y microplásticos comienza a actualizarse y a adquirir una mayor relevancia a través de la sanción de nuevas resoluciones de agencias internacionales o mediante su incorporación en acuerdos, tratados y espacios multilaterales ya existentes.

A pesar de todo este movimiento a nivel internacional, la Argentina sigue estando al margen de la discusión, de los cambios y de la innovación en materia de gestión. En relación con el manejo integral de los residuos, cabe señalar que la normativa vigente presenta una estructura que se encuentra desactualizada frente a la realidad actual de la producción, del comercio y del consumo. Es necesario modificar las normas vigentes e incorporar nuevas regulaciones específicas para aquellos aspectos relevantes en el marco de una economía circular. Si bien algunos actores han promovido la sanción de regulaciones más acordes al contexto actual, éstas han fracasado una y otra vez.

En el marco de los cambios acelerados y estructurales que se están sucediendo en materia de acuerdos internacionales y regulaciones relacionadas a toda la cadena del plástico -industria química y petroquímica; industria transformadora; industria recicladora; industria de productos masivos (envasadora); etc.-, la Argentina debe realizar una transformación significativa de su marco normativo.

Y, claramente, el Congreso de la Nación tiene el rol fundamental, no solo por su competencia para dictar leyes (entre ellas las de presupuestos mínimos de protección ambiental) y aprobar acuerdos internacionales, sino también porque constituye el ámbito más amplio y plural para promover el debate y el consenso entre las partes interesadas.

Impactos en la salud

En los últimos cinco años, se ha publicado una serie de estudios acerca del impacto que los plásticos y microplásticos podrían generar en la salud. De acuerdo con investigaciones recientes, se han detectado micro y nano plásticos en el cuerpo humano: en sangre, en cavidades pulmonares, en placenta y en heces. Las posibles consecuencias de estas partículas sobre la salud de las personas aún están en estudio.

Impactos en la vida silvestre, el ambiente y los alimentos

Los impactos de los plásticos sobre la vida silvestre y el ambiente son aspectos que han tenido una visibilidad progresiva en las últimas décadas. Tanto los plásticos como los microplásticos han sido hallados en todas las matrices ambientales. Los impactos ambientales adversos más fácilmente apreciables se dan en la fauna marina, que muere o es herida por estrangulamiento, ingestión o por los daños en los hábitats.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) calcula que para 2050, el 99 por ciento de las aves marinas habrán ingerido plásticos, 600 especies marinas están hoy afectadas por los plásticos, tanto por ingestión como por estrangulamiento.

La ingestión de plásticos, y especialmente microplásticos, por parte de organismos marinos representa además un riesgo adicional y todavía poco estudiado a la salud humana, por el ingreso la cadena alimentaria. Los plásticos contienen una mezcla de químicos agregados en la producción, denominados aditivos, utilizados para que el polímero sea más flexible, para mejorar su resistencia a la degradación solar, dar color o retardar las propiedades inflamables.

Algunos aditivos pueden tener importantes efectos toxicológicos en poblaciones humanas y no humanas por ingestión, inhalación y contacto dérmico, ya que adquieren nuevas propiedades físicas y químicas. Varias de ellas forman parte de lo que se conoce como sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas en el ambiente, especialmente cuando los plásticos comienzan a degradarse. Los microplásticos también están presentes en el aire. Científicos han descubierto grandes cantidades de micropartículas de plástico que son transportadas a través del aire. Las evidencias demuestran que los microplásticos están cada vez más extendidos en la naturaleza y que han ingresado en nuestra cadena alimentaria. En los últimos cinco años, se registra un aumento creciente de estudios que así lo demuestran.

Impactos en el clima

Durante toda la cadena de valor del plástico (extracción de materia prima, refinamiento, distribución y disposición final) se emiten gases de efecto invernadero (GEI). La industria del plástico, en su conjunto, depende en gran medida del petróleo y gas, que constituyen más del 90 por ciento de su materia prima. De acuerdo con diversas investigaciones bibliográficas y modelos, se indica que entre el cuatro y el ocho por ciento de la producción mundial de petróleo se utiliza para fabricar plásticos (no solo envases); aproximadamente la mitad de esto se utiliza como materia prima y la otra mitad como combustible para el proceso de producción.

Si el fuerte crecimiento actual del uso de plásticos continúa como se espera, la emisión de GEI por parte del sector mundial de los plásticos representará el 15 por ciento del presupuesto mundial anual de carbono para 2050 frente al uno por ciento anual.

Regulaciones pendientes

La gestión de los envases posconsumo resulta importante para la política ambiental, dado que éstos representan aproximadamente 30 por ciento de los residuos sólidos urbanos (RSU), implicando graves impactos ambientales por los bajos niveles de reciclado y un dispendio económico significativo para las jurisdicciones locales responsables de los servicios públicos de higiene urbana.

En Argentina, desde el año 1994, se viene discutiendo en el Congreso de la Nación un marco normativo para la gestión de los residuos de envases. El 2021 fue un año particular dado que, por primera vez, un proyecto de ley ocupó la primera plana de la de la agenda política y mediática como consecuencia de la propuesta enviada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que no logró prosperar en la Cámara de Diputados debido a una fuerte resistencia del sector corporativo y del arco opositor a la inclusión de una tasa ambiental. El proyecto del Poder Ejecutivo, con algunas modificaciones, fue nuevamente presentado durante el 2023 en la Cámara de Diputados, mientras que otra iniciativa que obtuvo dictamen de mayoría en 2017 y dictamen de minoría en 2021, en ambas ocasiones en la Comisión de Ambiente, fue representado este año por diputados de la oposición.

Es necesario implementar un sistema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), procurando la prevención en la minimización de los residuos y la eficiencia de los recursos. El importante retomar el debate que se ha venido dando en los últimos años en la cámara baja, con los diferentes textos de ley e incluyendo el aporte de diferentes actores, como así también vasta experiencia en torno a los sistemas REP en América Latina y el mundo. Una de las razones que han dificultado el avance de este tipo de normativa es que no se ha logrado sostener un debate constructivo acerca de cómo equilibrar los roles que deben cumplir el Estado, el sector privado y las organizaciones de recuperadores.

Por ello, se debe lograr un sistema que contemple e incluya a todos los actores, bajo el Estado como contralor de dichos sistemas. Los productores deben ser responsables económicamente de los envases posconsumo que generan a través de la comercialización de sus bienes de consumo masivo. No obstante, se debe garantizar que sean los productores los encargados no solo de pagar, sino también de diseñar el esquema más eficiente en términos ambientales y económicos, justamente para incentivar al productor a generar desde su diseño menos residuos.

Por otro lado, los plásticos representan una parte importante de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y su tratamiento y reciclado no son fáciles de llevar adelante, por lo que resulta muy costoso.

Argentina es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un esquema REP a nivel nacional para la gestión de los RAEE, a pesar de haber sido un país pionero en la discusión de un proyecto de estas características en el año 2007. Si bien existen (pocas) normas provinciales, como la de la provincia de Buenos Aires, estas experiencias a escala provincial no son aconsejables debido a las complejidades y costos que implican la recolección, el transporte y el tratamiento de esta corriente de residuos.

Desde el 2007 hasta hace un par de años, diferentes diputados y senadores nacionales presentaron diferentes proyectos de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los RAEE bajo el principio REP.

El bajo interés del sector político y los bloqueos efectivos de los productores y ensambladores de los AEE impidieron que la Argentina cuente con una norma de estas características. Hoy, si bien existen iniciativas de recuperación y reciclado son voluntarias, poco extendidas o informales.

Entre los últimos proyectos presentados se destacan dos modelos que, si bien coinciden en la mayoría de los puntos clave: (a) establecimiento del principio REP; (b) análisis de ciclo de vida; (c) abordaje desde la gestión de los aparatos “históricos” y “huérfanos”; (d) establecimiento de metas; (e) habilitación para el transporte entre las jurisdicciones provinciales; difieren en el sistema de gestión. Como en el caso de la conocida como “Ley de Envases”, uno de los esquemas de gestión propuestos por los proyectos establece sistemas de gestión netamente privados, en los cuales los productores son responsables económicos, legales y físicos de los residuos de sus propios productos, mientras el Estado asume el rol de controlador de los sistemas (funcionamiento y garantías ambientales) y de asegurar el cumplimiento de las metas de recuperación y reciclado establecidas; y el otro establece la creación de un fondo nacional para la gestión de los RAEE a cargo del Estado Nacional, aunque permitiendo el establecimiento de sistemas privados para aquellos productores que puedan y quieran llevarlos adelante.

El proyecto de responsabilidad extendida al productor en la Argentina

A principios de 2023 fue presentando en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley 1458-D-2023, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los residuos de artes de pesca a través de la implementación del principio de la REP.

El abandono de los aparejos genera lo que se conoce como pesca fantasma: las redes desechadas o perdidas pueden seguir capturando peces, generando así impactos en toda la fauna marina. Define a la REP como el deber de cada uno de los productores de responsabilizarse por la gestión y su financiamiento, respecto a los productos introducidos por ellos en el mercado nacional cuando devienen residuos. Además, contempla el enfoque de ciclo de vida del producto. El proyecto establece que los productores serán aquellos que introduzcan por primera vez en el mercado nacional artes de pesca ya sea que fabrique, ensamble o revenda dentro del territorio nacional; y/o importe.

Argentina cuenta con ventajas para la implementación de una ley para la gestión de artes de pesca bajo el principio REP; por un lado, se han desarrollado esquemas de recupero de forma voluntaria por parte de la empresa productora de los paños de redes de las artes de pesca; esto implica un paso hacia adelante porque ya están en práctica la logística inversa necesaria para el recupero, estimaciones de las cantidades de las artes introducidas en el mercado, los actores involucrados y el destino comercial del material recuperado; por el otro, las disposiciones de marcado de las artes son una ayuda valiosa para la trazabilidad de las redes y su recupero en un esquema REP.

En este sentido, es auspicioso que se abra la discusión en la Cámara de Diputados, dado que los esquemas REP deben estar impulsados por legislación nacional que permita definir claramente los alcances de los sistemas a largo plazo, principalmente para lograr incidir y generar cambios en el proceso aguas arriba; pero es fundamental que los sistemas se implementen en etapas y en articulación con el sector privado, permitiendo esquemas flexibles que se adapten a la innovación en la temática.

Para acceder al informe completo, ingresar al siguiente link.