El exadministrador de la Corte Suprema contó las supuestas maniobras del presidente del Tribunal para esquivar una causa por enriquecimiento ilícito • Además, aseguró que fue amenazado por el cortesano por no encubrir las irregularidades en la obra social del Poder Judicial
La declaración del contador Nicolás Serafini y la jueza Martina Forns.
El exadministrador de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Héctor Marchi, afirmó ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que fue desplazado de su cargo por negarse a encubrir a Silvio Robles (la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti) y de Mariano Althabe, titular del directorio de la obra social del poder judicial (OSPJN). Marchi, que fue el encargado de las auditorías que demostraron las innumerables irregularidades en la OSPJN, relató cómo Rosatti lo amenazó personalmente y le reclamó que destruyera el legajo de Althabe para esconder que su designación había sido promovida por el propio cortesano.
Además el desplazado funcionario denunció que Rosatti otorgó contratos, a través de Robles, para “negociar fallos”, en referencia al cierre de la causa iniciada contra Rosatti en Santa Fe por enriquecimiento ilícito a partir de la declaración de un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró “le llevaba dinero todos los meses” cuando el supremo era intendente de la capital santafesina. Un tema que se podría sumar a las causales que abrieron el proceso de juicio político a los cuatro miembros de la CSJ: Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Marchi, que ya había declarado extensamente ante la comisión dando detalles de las irregularidades que arrojaron las cuatro auditorías que realizó sobre la OSPJN –y que ratificó ante el juez federal Ariel Lijo que instruye la causa penal–, sorprendió a los diputados: leyó un escrito en el que volcó las nuevas denuncias. En el primer tramo de su exposición, Marchi sostuvo que “los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios”, en una clara referencia a los supremos Rosatti y Maqueda (ambos encargados de supervisar la obra social de los judiciales), el propio Robles y Althabe. “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles”, agregó Marchi.
“Para ser más claro, el informe número 4 de supervisión relativo a la gestión de Althabe, el ocultamiento por parte de Robles y el silencio de Rosatti es suficiente muestra. Después de ese informe Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo de Althabe donde Rosatti lo proponía”, relató Marchi y añadió: “Le dije (a Rosatti) que no me asustaban sus amenazas; por eso pedí en sede judicial (al juez Lijo) incorporar el legajo del doctor Althabe”.
“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, señaló Marchi.
El contador manifestó que el caso “tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti”. Luego, Marchi se refirió a la actuación de Robles en ese juicio y planteó que “sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022”. El exadministrador de la Corte recordó que él mismo denunció “la eliminación del mail oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo”.
El diputado oficialista Rodolfo Tailhade (FdT) tomó la sugerencia de Marchi y consideró razonable pedir la información para trazar el recorrido de la causa, las resoluciones judiciales y el nombramiento de personal, para investigar si los mismos están asociados.
“Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que el pueblo sí, y por eso estoy con ustedes que son los representantes del pueblo. Que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades”, denunció Marchi y solicitó permiso para leer otro documento.
Desde la Coalición Cívica, que tienen su propio pedido de Juicio Político sólo contra el supremo Lorenzetti, se buscó cuestionar a Marchi. “El testigo viene a declarar. Yo no sé quién le escribió lo que está leyendo. En todo caso que tenga un apunte de las referencias, pero tener que leer cosas y dilatar así el interrogatorio, a mí no me parece”, dijo su jefe de bloque Juan Manuel López.
Sin pertenecer a la comisión, la radical Roxana Reyes intervino para denunciar que “hay vulneración de formas”. “Tengo que hacer esas aclaraciones porque si este proceso se va a manejar con esta arbitrariedad, realmente es pasible de todas las nulidades”, advirtió Reyes.
La réplica vino de la presidenta de la comisión, la diputada entrerriana Cecilia Gaillard: “Con todo respeto, pero sus colegas han venido presenciando cada una de las reuniones que realizamos. Todo ha sido a derecho y el único objetivo de la comisión es lograr determinar si hay o no mal desempeño y si los hechos que han sido denunciados se cometieron o no”. “Usted es la primera vez que viene así que le pido por favor que respete el trabajo que se viene realizando”, remató molesta Gaillard.
Luego expuso ante los diputados el contador Nicolás Jacinto Serafini, quien firmó varios de los balances de la OSPJN. Serafini relató que como auditor externo fue convocado para analizar el balance 2008 y se encontró con que no había balances de los años previos (2006 y 2007). Que por eso realizó un informe de hallazgos y sugerencias sobre el endeble y poco confiable sistema informático de la obra social. Allí explicitó que dejó por escrito en la firma previa al balance, que la información del mismo podría ser adulterada. Una leyenda que repitió hasta los balances de 2021, su última intervención, sin que el problema haya sido subsanado. Y que hasta ese año, ninguno de los balances fue rubricado por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas por decisión del directorio de la OSPJN, publicó Página 12.
La primera en testimoniar durante la audiencia de la comisión fue la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien relató la difícil situación que pasó la OSPJN en el marco de la pandemia, durante la cual falleció su esposo. “Quise venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social. Hacía un año de la pandemia y me dejó abandonada”, contó la magistrada. La declaración de la magistrada abrió paso a la convocatoria a los gremios judiciales para ampliar la situación que viven y vivieron sus afiliados a la obra social. (APFDigital)
