Lo dijo acompañado por sus pares de la Sala Penal en un encuentro que mantuvieron con Bordet. Coincidieron con el gobernador en la necesidad de reformar el Código Procesal.
Gustavo Bordet dio otro paso más en la reforma judicial, en el plano penal, que se propuso. Este lunes anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para crear la Fiscalía Anticorrupción, una deuda de la Constitución reformada en 2008.
Veinticuatro horas después, el Gobernador avanzó con otro de los puntos que había señalado ante la Asamblea Legislativa: una reforma al Código Procesal Penal de Entre Ríos.
El mandatario había dicho que en la provincia ocurre que en muchos casos se inician investigaciones que quedan en un limbo, es decir, sin elevar a juicio o desestimarlas. Lo que se conoce en la jerga “tener en la parrilla”. Días después la misma Justicia le dio la razón al sobreseer al intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, luego de convivir con un procesamiento durante 12 años.
En el seno del Poder Ejecutivo se comenzó a trabajar en una reforma para que los procesos respeten “los plazos razonables” para que toda persona sea juzgada o puesta en libertad, como lo establece el Pacto de San José de Costa Rica.
Este lunes estuvieron con Bordet los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, quienes le transmitieron su intención de efectuar aportes para el proyecto de reforma del Código Procesal Penal.
Tras el encuentro, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Mizawak comentó que la Sala Penal pidió una audiencia con el Gobernador para dialogar sobre la reforma. “Queremos participar y hacer nuestros aportes. De hecho, ya estamos trabajando desde que escuchamos la noticia en la Asamblea Legislativa y nos hemos abocado a reunir nuestros precedentes, aquellas sentencias de nuestra Sala que iban interpretando en un sentido o en otro para mejorar el servicio de justicia penal y el sistema acusatorio. Hemos estado reuniendo todo ese material porque queremos ponerlo a disposición de la Legislatura y hacer todos los aportes posibles”, indicó Mizawak.
Y agregó: “Vemos desde el Poder Judicial que el sistema acusatorio, tal como está diseñado en la Ley 10.317, ha sido en la práctica y con el correr de los años de alguna manera desnaturalizado”, sostuvo la magistrada y siguió: “Creemos que las partes, los fiscales y la defensa, tienen que encontrar, para que esto funciona correctamente, una garantía que justamente son los jueces de garantía. Y esos jueces de garantía tienen que ser jueces de garantía fuertes, dispuestos a controlar el cumplimiento de todas las garantías. Queremos fortalecer dentro de la magistratura esta instancia y queremos también proponer mejoras en el sistema de gestión de audiencias para que se aprovechen mejor los recursos”.
Aclaró luego que “la facultad exclusiva y excluyente es del Poder Legislativo, entonces, nuestro aporte puede ser en la medida de que la Legislatura, el oficialismo, la oposición, en Senadores y en Diputados, la tomen. Así que esperamos ser recibidos también en ese ámbito para explicarles las razones de las reformas que tenemos en mente. Son ellos quienes pueden hacer de esto una nueva ley”, acotó.
Por su parte, Carubia coincidió con las palabras de Bordet ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de generar un aceleramiento de los procesos, “es decir, que los juicios terminen en un plazo razonable. Esto requiere de toda una logística e infraestructura que debe estar adecuada para que el juicio pueda realizarse rápidamente”.
En tanto, Giorgio, se refirió a los dichos de Mizawak y adelantó que “se trabajará sobre esos puntos centrales que para nosotros tienen importancia en la futura reforma”.